Conclusiones
La implementación de los recursos de FONACIDE en lo relativo al 25% de los fondos destinados a gobernaciones y municipios significa un verdadero ejercicio de descentralización. Articula en una trama compleja a actores sociales, institucionales y políticos en distintos niveles representado una oportunidad de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el desarrollo local.
Los fondos transferidos son importantes tanto para los municipios como para las gobernaciones y son significativos comparándose con los demás ingresos transferidos por la administración central. Por ende, su correcto uso será de gran impacto institucional y social para mejorar la calidad educativa.
Si bien el inicio de la implementación del FONACIDE estuvo caracterizado por la discrecionalidad y baja ejecución de los recursos actualmente existen esfuerzos institucionales y de la sociedad civil por fortalecer los mecanismos de control y gestión eficiente. Estos esfuerzos requieren del apoyo de las autoridades al más alto nivel para que los mismos sean incorporados como parte de una gestión pública más eficaz, participativa y transparente.
La representación de las gobernaciones y municipios en las instancias de toma de decisiones en relación a FONACIDE significaría un avance en la transferencia de poder desde el gobierno nacional hacia los gobiernos sub nacionales, completando la triple dimensión de la descentralización en su carácter político, fiscal y administrativo.
El desafío para los gobiernos departamentales y municipales radica principalmente en construir una institucionalidad que resista los avatares políticos y permita el desarrollo de una nueva cultura de gestión pública con políticas a largo plazo. Esto implica modernizar sus estructuras y procedimientos, formar planteles técnicos y capacitar sus recursos humanos, mejorar los mecanismos de articulación y rendición de cuentas con el nivel central y promover instancias de participación ciudadana en los procesos del FONACIDE.
La sociedad civil, en especial los actores de la comunidad educativa juegan un rol crucial en la implementación eficaz del FONACIDE. Asumir este rol significa comprender el funcionamiento del mismo utilizando las herramientas existentes para el acceso a la información pública y exigir a las autoridades el correcto cumplimiento de los procedimientos.